Durante cinco días de julio en torno a 200.000 ciudadanos se han visto privados de agua potable en la provincia de Córdoba. Pero ese no es el verdadero problema. Lo grave es que desde hace años sabemos que el abastecimiento de dos millones de andaluces está amenazado por la contaminación de productos fitosanitarios. Y el problema se extiende y se intensifica. Hay precedentes muy recientes de episodios como el actual de Iznájar: en diciembre 2002, en el embalse del Rumblar (comarca de Andujar); en junio de 2004, en el Dañador (comarca de El Condado). Con mucha probabilidad se repetirán en el futuro próximo. Quizás afectando a comarcas mucho más pobladas y económicamente estratégicas. ¿Alarmismo? No, simple realismo y convicción de que la responsabilidad es compartida y la solución difícil.

Lo mismo cabría decir de la utilización del agua para riego en presente campaña de 2005, quizás al comienzo de un ciclo interanual de sequía. De todos los rincones de Andalucia, desde Huelva hasta Jaén, nos llegan datos acerca de la insuficiencia de control sobre las tomas, legales e ilegales, de agua. El sistema de regulación del Guadalquivir desembalsa agua a un ritmo preocupante: mil millones de metros cúbicos desde principios de abril a mediados de julio, lo suficiente para abastecer todos los consumos urbanos e industriales de la cuenca en dos años. Y todavía queda buena parte de la campaña de riegos. Si llueve el próximo invierno y el siguiente, se salvarán los trastos. Si no, todos, incluida la minoría social que se beneficia de este sistema hidráulico, nos lamentaremos.

Los responsables nacionales y autonómicos de la gestión del agua lo saben perfectamente. No es posible decir las cosas más claramente de lo que se dicen en el Acuerdo del Agua que se acaba de firmar hace unos días, en presencia de la ministra Cristina Narbona. Pero la opinión pública, la inmensa mayoría de los ciudadanos que usa el agua para fines domésticos con moderación y que necesita un medio ambiente hídrico sano, sigue desorientada e indefensa. Mientras tanto, las estructuras de poder de la vieja política del agua se resisten a cualquier cambio que afecte a sus intereses. Hace unos días una asociación de usuarios ilegales de aguas subterráneas se reunía en Jaén para pedir … que se suspendan los expedientes sancionadores que por fin, como manda la ley, la nueva administración ha empezado abrir.

Una de las claves de la nueva política del agua es reconocer la diversidad de las funciones y usos del agua, con objeto de establecer criterios adecuados de gestión. El agua para la vida, con funciones básicas de supervivencia tanto de los seres humanos como de los sistemas naturales, debe ser reconocida y garantizada como prioritaria. El agua para actividades de interés general, con funciones de bienestar y cohesión social, debe situarse en un segundo nivel de prioridad en conexión con los derechos sociales de ciudadanía. El agua para la producción económica, en actividades económicas legítimas, ligadas a intereses privados, debe reconocerse en un tercer nivel de prioridad. Por último, en cuarto lugar, se presentan los usos del agua ilegítimos, cuando no explícitamente ilegales. La sobreexplotación de acuíferos, las extracciones abusivas o el uso irresponsable del territorio, deteriorando los campos y el medio ambiente hídrico, son ejemplos de ello. Tales usos deben simplemente ser evitados por medio de la aplicación rigurosa de la ley.

Generalmente, cuando se habla de problemas del agua se hacen invocaciones a la responsabilidad y autocontrol de los ciudadanos. Nunca está de más hacerlo, pero en estos momentos aún más importante es llamar a la protesta ciudadana contra el descontrol de los usos del tercer e incluso cuarto nivel, que son la única razón de que las demandas vitales y de interés general estén en riesgo.

Leandro del Moral Ituarte (Fundación Nueva Cultura del Agua), José Lagares Rosado (CCOO-Andalucía), Jose Manuel Guerrero Mantel (UGT-Andalucía), Francisco Casero Rodríguez, (Presidente de la Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica), José Fco. Rodríguez Sillero (Coordinador Ecologistas en Acción-Andalucía), Miguel Ángel Santos Genero (Secretario General Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA Andalucía), Guido Schmidt (WWF-Adena), Francisco Puche Vergara (Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua).

Colectivos Ecologistas